Guillermo Raspa
Una polémica se reaviva en torno a la administración del Mercado San Miguel. La concejal Agustina Álvarez Eichele denunció que, pese a la ordenanza aprobada en junio que creó la Unidad de Administración de Mercados, los puesteros continúan abonando sus alquileres a una fundación, en lugar de hacerlo directamente a la Municipalidad de Salta.
Según Álvarez, esto contradice el espíritu de la normativa, que buscaba eliminar a intermediarios en la recaudación y garantizar mayor transparencia en la gestión de los espacios.
“Esto es una burla. Las normas terminan siendo letra muerta si no se hacen cumplir”, advirtió la edil durante la última sesión del Concejo Deliberante.
La denuncia se sustenta en que, cuando varios puesteros fueron trasladados a nuevos sectores dentro del mercado, se les entregaron recibos de pago emitidos por la fundación, y no por el municipio, como establece la ordenanza vigente.
Álvarez pidió al Ejecutivo Municipal asumir de manera directa la administración y el cobro de los espacios, además de poner fin a la intervención del mercado que lleva años sin una solución definitiva.
“El Ejecutivo debe hacerse cargo. No podemos permitir que siga esta irregularidad mientras la gente trabaja y paga por su espacio”, enfatizó la concejal.
