Guillermo Raspa
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal decidió rechazar una apelación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y confirmó que la demanda civil que pretendía obligar a Cristina Fernández de Kirchner a pagar 22.300 millones de pesos quedó caducada.
La acción civil fue iniciada el 25 de enero de 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri, con el objetivo de recuperar el posible daño patrimonial derivado de adjudicaciones y ejecuciones de obras en la provincia de Santa Cruz.
La defensa de la expresidenta sostuvo que Vialidad abandonó el expediente durante más de seis meses — periodo que se extiende entre el final del mandato de Alberto Fernández y el inicio del de Javier Milei — tras lo cual la caducidad del reclamo fue invocada como mecanismo legal para impedir su ejecución.
Los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi intervinieron en el fallo mayoritario, mientras que la jueza Florencia Nallar emitió un voto disidente. Esta disidencia sostenía que declarar caducado el caso puede ser "un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito".
Este criterio de caducidad resulta clave porque el proceso civil corre en paralelo al juicio penal por la misma causa, y el fallo de este caso civil no afecta los decomisos que tramitan en lo penal.
