Guillermo Raspa
La situación judicial de Emilio Fayón Medina, primo de la exintendenta Bettina Romero, ingresó en una fase decisiva: se concluyó la etapa de instrucción en las dos causas en su contra y ahora la Justicia evalúa la elevación a juicio, el paso previo al debate oral.
Las investigaciones lo ubican como uno de los principales responsables de un entramado de irregularidades detectadas en áreas sensibles del municipio durante la gestión Romero. En la primera causa, la fiscalía lo imputó por peculado, tras un allanamiento en 2024 que reveló en una finca vinculada a Fayón mercadería social, insumos, mobiliario y bienes municipales que debían estar destinados a programas de asistencia.
El segundo expediente, también listo para juicio, profundiza en el manejo de la Panadería Social, organismo estatal que Fayón presidió hasta el final del mandato de Bettina Romero. Una auditoría interna reveló presuntas compras direccionadas, sobreprecios y facturaciones millonarias hacia comercios del entorno familiar del funcionario, lo que condujo a su imputación por fraude a la administración pública.
Fayón se presentó con defensa particular y optó por no declarar, mientras que la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos Complejos consideró que existen elementos suficientes para sostener la acusación en un juicio.
El avance de estos expedientes ha reavivado el impacto político para la gestión Romero, especialmente porque los hechos investigados surgieron en áreas que entregaban asistencia directa a sectores vulnerables. Bettina Romero, por su parte, intentó despegarse públicamente del accionar de su primo, calificando los hechos como decisiones “a título personal”.
Con la instrucción concluida y la elevación a juicio en trámite, las causas Fayón se encaminan a convertirse en uno de los debates judiciales más fuertes que involucraron a un funcionario cercano a la exintendenta en los últimos años.
