Guillermo Raspa
El reciente caso del concejal Carlos Casasola, denunciado por violencia de género y que realizó su descargo en plena sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, volvió a exponer una realidad incómoda: en los últimos años, el cuerpo legislativo capitalino quedó marcado por una seguidilla de escándalos que golpearon su credibilidad institucional.
Denuncias judiciales, episodios de violencia, condenas penales y conductas inapropiadas protagonizadas por ediles terminaron erosionando la imagen de un órgano que debería representar a los vecinos de la ciudad.
Uno de los casos más resonantes fue el de Pablo Emanuel López, quien quedó envuelto en un escándalo luego de la filtración de un audio en el que ofrecía dinero a una compañera a cambio de sexo oral. “Por cada chupada de pito te descontaba $10 mil”, se escuchaba en la grabación.
La mujer lo denunció por violencia sexual, económica y política. López fue expulsado de La Libertad Avanza, pero al haber sido electo concejal para el actual período legislativo asumió su banca en diciembre y hoy continúa formando parte del cuerpo.
Otro caso que generó fuerte impacto fue el del exconcejal Miguel “Pitu” Colque, denunciado en 2022 por violencia de género por su expareja. Posteriormente fue condenado a seis meses de prisión en suspenso, lo que derivó en su expulsión del partido Salta Independiente y del propio Concejo Deliberante. 3 años más tarde, El ex edil de Salta Independiente, fue absuelto por la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que revocó la condena de seis meses de prisión condicional que había recibido en 2024 por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género.
También generó polémica el episodio protagonizado por Soledad Gramajo, quien asumió como concejala en diciembre de 2021 luego de que se viralizara un video donde se la veía conduciendo en estado de ebriedad y sentada sobre las piernas de un hombre. A pesar del fuerte rechazo social que provocó el hecho, nunca recibió una sanción formal.
A estos antecedentes se suma el caso de Ricardo Ariel “Chuky” Flores, quien en 2021 fue condenado por robo a tres años de prisión condicional. Tras conocerse el fallo judicial fue expulsado del espacio Ahora Patria y reemplazado por quien luego se convertiría en senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco.
La sucesión de estos episodios dejó una marca profunda en la percepción pública del Concejo Deliberante capitalino. Más allá de las responsabilidades individuales, el problema también expone la falta de filtros políticos y éticos al momento de conformar listas electorales, lo que termina permitiendo que dirigentes con antecedentes polémicos o incluso judiciales lleguen a ocupar bancas legislativas.
En ese contexto, el nuevo caso que involucra al concejal Carlos Casasola vuelve a instalar una pregunta incómoda sobre el funcionamiento del sistema político local.
Porque cada nuevo escándalo no solo afecta a quienes lo protagonizan, sino que deteriora la legitimidad del propio Concejo Deliberante ante una sociedad cada vez más distante de la política.
Y después nos preguntamos por qué la política parece estar tan lejos de la gente.
