Guillermo Raspa
La justicia salteña comenzó a actuar con celeridad ante la ola de amenazas virales en las escuelas. La fiscal penal juvenil 2, Carolina Hernández, abrió un decreto de imputación contra un menor de 16 años por el delito de intimidación pública. El joven, alumno del colegio secundario República de la India, fue identificado tras una investigación de la Brigada de Investigaciones como uno de los autores de las inscripciones que alertaban sobre un tiroteo para este viernes 17 de abril.
Advertencia a los padres
En un comunicado oficial emitido hace instantes, la Policía de Salta fue tajante al señalar la responsabilidad de los adultos. El documento resalta que los padres o tutores legales podrán ser civilmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados por los menores. Esto implica que, además de la causa penal que enfrente el adolescente, las familias podrían afrontar demandas económicas por la movilización de recursos de seguridad y el pánico generado.
El peso de la ley
La fuerza de seguridad recordó que toda persona que incurra en intimidación, amenazas o incitación a la violencia será puesta a disposición de la Justicia bajo el Código Penal de la Nación. "Las falsas amenazas, incluidas aquellas realizadas a través de redes sociales, mensajería u otros medios, constituyen un delito y serán investigadas con todo el rigor de la ley", reza el comunicado oficial.
El comunicado:
