Guillermo Raspa
La investigación en torno al sangriento hecho de sangre que sacudió a la fuerza de seguridad provincial en la zona oeste alta continúa arrojando nuevos datos cruciales para el esclarecimiento de la violenta trama. Tras el ataque armado perpetrado por el oficial Julio Cayo contra su expareja y su suegro —pertenecientes a la familia Guantay—, las autoridades policiales ventilaron detalles de suma importancia institucional sobre los antecedentes de la pareja de uniformados.
Antecedentes de la pareja
En un diálogo directo con la prensa, el director de prensa de la Policía de la Provincia de Salta, Flavio Peloc, reveló que durante las últimas horas se completó una exhaustiva compulsa y verificación en los registros de la jurisdicción correspondiente a la zona oeste. "Se confirmó de forma oficial que no existían denuncias previas por violencia de género ni violencia intrafamiliar entre los involucrados", precisó el funcionario.
Al no haber trámites judiciales ni alertas administrativas en curso dentro de la institución o los juzgados de familia. De esta manera, confirmó que ambos uniformados continuaban prestando servicios con total normalidad y portando sus respectivas armas de fuego reglamentarias provistas por el Estado al momento de desatarse el ataque.
Intervención de la Asesoría de Menores
Por otra parte, el vocero policial se refirió a la situación de vulnerabilidad social en la que quedó el entorno familiar directo tras el deceso de Cayo y la internación en shock room de la familia Guantay en el hospital San Bernardo. En este aspecto, se detalló que la pareja en cuestión tenía un hijo menor de edad en común.
El niño fue puesto de manera inmediata bajo el resguardo y la contención afectiva de sus familiares directos. Paralelamente, la Policía de la Provincia dio intervención formal y urgente a las autoridades de la Asesoría de Menores e Incapaces de turno para que se dictaminen las medidas de protección y tutela legal correspondientes sobre el menor.
