Guillermo Raspa
Los cimientos de la causa penal que hoy compromete al abogado Santiago Pedroza, fueron articulados por una Unidad Fiscal especial, conformada por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, e integrada por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena. Las pesquisas determinaron que el inicio del conflicto se remonta al año 2003.
En aquella oportunidad, un hombre de 35 años acudió a las autoridades policiales para denunciar que Pedroza se presentó a ofrecer sus servicios a un grupo de personas que había tomado de forma irregular un predio fiscal ubicado en la localidad de Atocha, dentro del municipio de San Lorenzo, en las cercanías del río Arias.
Según consta en el expediente, el abogado Santiago Pedroza se presentó ante los ocupantes asegurándoles que iniciaría acciones legales para lograr la concesión definitiva de las tierras, prometiendo la creación de un loteo formal que se denominaría "Las Victorias", el cual —según sus propios dichos— ya contaba con la aprobación correspondiente para albergar a las familias.
Exigencias millonarias y la alerta del Gobierno
De acuerdo a lo sostenido por el fiscal Ramos Ossorio, el verdadero calvario económico para los damnificados se desató con fuerza durante el corriente año 2026. Fue a partir de febrero, cuando el doctor Pedroza comenzó a exigirles a las familias involucradas la entrega de cuantiosas sumas de dinero en efectivo. Los pagos eran requeridos bajo el concepto de supuestos gastos administrativos, trámites de regularización, limpieza del predio y gestiones de agilización ante diferentes organismos públicos, llegando a registrarse exigencias de hasta 8 millones de pesos por grupo familiar.
La maniobra delictiva comenzó a desmoronarse por completo cuando los vecinos que ya habían desembolsado las millonarias sumas se presentaron ante las oficinas del Gobierno de la Provincia con el fin de conocer el estado de sus trámites habitacionales que gestionaba supuestamente Pedroza. Fue en esa instancia donde las autoridades provinciales les notificaron de forma oficial que los terrenos prometidos por Pedroza eran absolutamente inhabitables debido a su peligrosa cercanía con los márgenes del río Arias, careciendo de cualquier tipo de factibilidad técnica, ambiental o legal.
Allanamiento en el estudio jurídico y convocatoria a damnificados
Con la acumulación de nuevas denuncias (un total de 40) y pruebas documentales sólidas, la Unidad Fiscal aceleró los plazos procesales. En las últimas horas previas a la detención del sospechoso, las fuerzas de seguridad y el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevaron adelante un fuerte allanamiento en el estudio jurídico particular del doctor Pedroza, logrando el secuestro de documentación de vital importancia para el sostenimiento de la acusación criminal.
Debido a la sospecha de que la cantidad de damnificados por el falso loteo "Las Victorias" podría ser significativamente mayor, desde la fiscalía interviniente lanzaron una convocatoria pública. Se solicita a todas aquellas personas que hayan sido afectadas por estas maniobras comerciales fraudulentas en la zona de Atocha que se presenten de forma urgente en la sede de la Delegación Fiscal de San Lorenzo, aportando recibos, contratos o cualquier documentación de interés que permita consolidar el avance de la investigación. Pedroza accedió al beneficio de prisión domiciliaria por problemas de salud
