Guillermo Raspa
La investigación se inició tras una denuncia radicada por el actual procurador de la Municipalidad de Salta, Matías Risso, en el año 2025, al comienzo de la gestión del intendente Emiliano Durand. El principal apuntado es Emilio Fayón, primo de la exintendenta Bettina Romero, quien ocupó el cargo de presidente de la Panadería Social entre 2021 y 2024. Según la hipótesis fiscal, Fayón intervino directamente en contrataciones con proveedoras vinculadas a favorecer a su grupo familiar.
De las pericias contables surgió que Roxana González Domínguez y Josefina González Domínguez se incorporaron como proveedoras del organismo estatal sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro de la panadería. Las contrataciones efectuadas con Roxana González Domínguez alcanzaron un monto de $48.833.755,34, mientras que las realizadas con Josefina González Domínguez ascendieron a $7.739.180.
La operatoria y los faltantes millonarios
El Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) determinó que parte de los insumos facturados por las mujeres nunca ingresaron efectivamente al organismo ni fueron registrados en el stock físico. El informe contable determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, cuya proyección actualizada supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Asimismo, las auditorías verificaron diferencias significativas y sobreprecios entre los valores abonados por el municipio y los precios reales de mercado en la compra de los insumos.
