La financiera tenía un capital invertido de 2.200 millones de pesos y más de 3 millones de dólares

“La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219.000.0000 de pesos y 3.265.280 dólares”, informó esta mañana la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

Detalló que en los 26 allanamientos realizados fueron secuestrados $ 23.213.960; U$s 60.388; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes; cédulas parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.

Además, como resultado de los procedimientos, se secuestraron 4529 contratos (o carpetas, como eran denominadas) y 1739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores. La Fiscal Penal recalcó que el número de carpetas y/o de inversores podría variar ya que el número informado responde a lo recuperado en los distintos allanamientos.

Salinas Odorisio comunicó que son 21 las personas implicadas. Quince se encuentran detenidos, siendo 9 de ellos miembros de la Policía de la Provincia (dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo, cuatro suboficiales). Dos personas, un hombre y una mujer, permanecen prófugos.

Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detención.

Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es la mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas. La líder era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide, actuaban algunos de los policías como captadores.

En cuanto a los cuatro policías imputados pero no detenidos, tres cumplían el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.

Dados los importantes retornos que prometía la financiera -que alcanzaban al 100% de la inversión- y ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal y/o lavado de activos.