Pidieron el desafuero del diputado Gustavo Orozco

Lo resuelto responde a lo ordenado por el artículo 122 de la Constitución Provincial, que establece que, “Cuando se deduzca acusación ante la justicia ordinaria contra un Senador o Diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, puede cada Cámara con dos tercios de votos de los miembros presentes, suspender en sus funciones al acusado.
 
Orozco fue acusado por la fiscalía interviniente como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias e imposición de torturas en concurso real en carácter de coautor; privación ilegitima de la libertad agravada por el uso de violencias, apremios ilegales agravados por la violencia en concurso real con imposición de torturas en carácter de coautor; imposición de torturas agravadas por el uso de arma de fuego en carácter de coautor; imposición de torturas en carácter de coautor; imposición de torturas en carácter de coautor; apremios ilegales calificados por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego en carácter de coautor; vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego en carácter de autor 

Por su parte, la querella, en manos del Comité Provincial para la Prevención de Torturas y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta presentó su acusación contra el hombre, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias e imposición de torturas en concurso real en carácter de coautor; privación ilegitima de la libertad agravada por el uso de violencias; apremios ilegales agravados por la violencia en concurso real con imposición de torturas en carácter de coautor; imposición de torturas agravadas por el uso de arma de fuego en carácter de coautor; imposición de torturas en carácter de coautores; imposición de torturas en carácter de coautor; apremios ilegales calificados por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego en carácter de coautor; vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego en carácter de autor.

La investigación había comenzado el 29 de abril de este año, a raíz de siete denuncias que fueron acumuladas.