El beneficio fue otorgado por el juez Arancibia a las imputadas Moya y Párraga, y para la Fiscalía además de carecer de fundamentos, será impugnado por el Ministerio Público Fiscal, toda vez que la medida adoptada producirá un daño considerable a la investigación y a la posibilidad de recuperar el dinero de las víctimas de la estafa de Moya.

El pasado 26 de septiembre, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, había rechazado idéntica solicitud de libertad y de arresto domiciliario por considerar que “supeditar la entrega de dinero obtenido de manera ilícita al otorgamiento de la libertad de las acusadas Moya y Párraga, podría no sólo configurar una transgresión a los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía, sino que resulta manifiestamente improcedente, teniendo en cuenta que dicho acuerdo fue formalizado también por el abogado, quien, a raíz de haber patrocinado anteriormente a 74 denunciantes, se encuentra imputado por el delito de prevaricato en la actualidad; constituyendo, de esta manera, en una palmaria violación a las normas de la ética profesional peticionar el otorgamiento de la libertad a las imputadas Moya y Párraga, para que efectúen la entrega del dinero a los denunciantes”

La causa:

La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.

El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.

De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.

Hasta el momento son 29 los imputados, 14 de ellos miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.

Diez de los imputados, incluidas Moya y Párraga, permanecían alojados en la Alcaidía General de la Provincia hasta hoy; seis policías se encuentran con arresto domiciliario y el resto se encuentra con medidas sustitutivas solicitadas por la UDEC.

Además, fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 mil contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.