El Presidente del Ente Regulador denunció al diputado Daniel Segura por negociones incompatibles

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, confirmó por Defrentesalta que denunció al diputado Daniel Alejandro Segura ante la Procuración General de la Provincia, organismo conducido por el doctor Pedro García Castiella.

La acusación de Saravia contra el legislador comprende los eventuales delitos de omisión maliciosa de declaración jurada de bienes, negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo, tráfico de influencias y coacción agravada en perjuicio de un funcionario público. Asimismo, el titular del Ente Regulador requirió expresamente que se investiguen  las permanentes presiones que el legislador despliega mediante los medios de comunicación locales, con la aparente finalidad de condicionar las resoluciones administrativas del organismo de control.

En su descargo, Saravia reveló que otro legislador, le anticipó la ejecución de una inminente campaña de desprestigio en su contra. La maniobra se habría orquestado como una represalia directa por haber expuesto públicamente las actividades comerciales que el diputado Segura mantiene en su esfera privada y que continúa ejecutando en la actualidad de manera simultánea a su función pública.

Negociaciones incompatibles con la función pública

El trasfondo de la presentación judicial detalla que el diputado Daniel Segura posee una participación societaria activa del 25% en la firma comercial "Daniel Segura Sociedad Anónima". Según la acusación del Presidente del Ente,  esta estructura le reportó a la empresa millonarias ganancias de carácter indirecto mediante el direccionamiento de contrataciones del Estado, dividendos que el investigado percibe de forma paralela a la dieta mensual correspondiente a su banca legislativa.

La irregularidad detectada por Saravia expone que el diputado habría omitido declarar de forma voluntaria su participación accionaria en dicha sociedad anónima dentro de sus presentaciones patrimoniales oficiales.

Ahora el elemento más complejo de la denuncia penal sostiene que, durante los últimos cuatro años de ejercicio, la firma del legislador suscribió contratos de provisión con el Estado provincial por un monto superior a los $674.558.000 con el objeto exclusivo de abastecer de bolsones alimentarios a las diferentes áreas de asistencia social de la provincia.