Dado los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas en distintos lugares de la Provincia; y, que la situación afecta con mayor gravedad a los Departamentos de San Martín y Orán, conculcando gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población en general,  el gobernador Sáenz través del decreto Nº 91, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas”.

En el artículo 2° instruye al Ministro de Seguridad y Justicia a ejecutar y hacer cumplir el Protocolo de Actuación aprobado.

El decreto dispone que todos los  Ministerios y Organismos Públicos deberán prestar la colaboración que resulte necesaria a los fines del cumplimiento del presente decreto. 

En el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas”, las manifestaciones ya sean programadas o espontáneas, el Ministerio de Seguridad, una vez enterado de la novedad, dará intervención al jefe de Policía para que elabore un informe y comunique sobre la situación.

Designará un Jefe del Operativo de Seguridad, quien será el encargado de indicar a los manifestantes que deben desistir de cortar las vías de circulación y en que caso de negativa, darles a conocer a los manifestantes que su negativa puede constituir algunos de los ilícitos previstos en el Código Penal de la República Argentina. Seguidamente deberá comenzar una instancia de negociación con el vocero o representante del grupo de  manifestantes.

El Ministerio de Seguridad y Justicia se comunicará con el o los ministros con competencia específica en el objeto del reclamo a fin de que encomiende un funcionario con conocimiento en la temática y capacidad de negociación, para que entable un dialogo con el o los voceros del grupo de manifestantes tendientes a generar un ámbito de negociación para dar respuestas a las demandas de los reclamantes a efectos de su debida canalización al área correspondiente, procurando el uso del espacio público e inconvenientes para quienes resulten ajenos a la manifestación.