Condenan a una mujer por trata de personas con fines de explotación laboral

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, con integración unipersonal, condenó el 25 de marzo pasado a Rosse Mary Aguilar García a la pena de 10 años de prisión por el delito de trata de personas, agravada por la vulnerabilidad, la cantidad y la minoridad de las víctimas y por el número de imputados intervinientes, bajo la modalidad de captación y traslado.

La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Elisa Catalano, quien también dispuso una indemnización de 2.628.816 pesos para cada una de las tres víctimas del caso, tal como lo reclamó el titular de la Defensoría Pública de Víctimas, Nicolás Escandar. El cumplimiento de tal medida quedará a cargo del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.

La condena a Aguilar García es la tercera relacionada con esta causa. Se suma a la de su pareja, Braulio Armella Mamani, quien recibió el 29 de diciembre pasado cinco años de prisión por el mismo delito en el marco de un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. Previamente, el 4 agosto de 2023, la jueza Catalano había impuesto 10 años de prisión a la hija de ambos, Karla Yoselín Mamani Aguilar.

La fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, representaron al Ministerio Público Fiscal en todos los casos. La actuación de la fiscalía se había iniciado el 27 de febrero del año pasado a partir del control realizado a un colectivo de larga distancia en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera.

En esa oportunidad, al verificar la documentación de los pasajeros, personal de Gendarmería Nacional detectó que Mamani Aguilar no tenía ningún documento que acreditara su identidad. La mujer solo dijo que era oriunda de Bolivia y alegó que iba a Buenos Aires. Otra pasajera, de 17 años, indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas.

Lo mismo sucedió con otras dos adolescentes de 16 años, quienes manifestaron lo mismo y explicaron que iban a visitar a sus familiares, aunque ninguna de las tres menores de edad poseía la respectiva autorización de sus padres ni tampoco las tarjetas migratorias.

Ante esas irregularidades, la fuerza de seguridad dio intervención a la fiscalía, que llevó adelante una investigación que permitió avanzar con la imputación penal de Mamani Aguilar y la asistencia integral a las tres adolescentes, que incluyó los trámites necesarios para su retorno a Bolivia.

La fiscalía estableció que la acusada adquirió los cuatro pasajes y que, al momento de la compra, sostuvo que una de las menores de edad era su cuñada y que las otras dos eran sobrinas. Determinó además que, tres días antes, había viajado de Buenos Aires a la localidad de Aguas Blancas, en Orán, por la misma empresa.