Defrentesalta
El juez de Garantías 7 del Distrito Judicial Centro, Pablo Zerdán, rechazó el pedido de revisión de prisión preventiva formulado por las defensas técnicas de Nelson Javier Cabana, Nelson Rogelio Ramos y Marcelo Alfredo Morales, quienes se encuentran detenidos, desde el 5 de enero de 2023, en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta por su vinculación en la causa denominada Saulo Capital SRL.
El pedido de revisión fue analizado en una audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina Judicial de Garantías (OfiJu) en el marco del plan piloto de oralidad.
La defensa técnica de los tres imputados ofrecía como parte del pedido tres inmuebles en caución y argumentaron ya no existían riesgos procesales, que siempre habían estado a derecho y que incluso se los detuvo en su domicilio aun cuando sabían que tenían la presente causa en su contra. Los bienes no eran propiedad de los tres imputados.
Al rechazar el nuevo planteo que se fundó en el tiempo transcurrido de la detención el juez tuvo en cuenta que hasta la fecha no se recuperó el dinero valorando además la posibilidad de entorpecimiento procesal, que incluso privados en su libertad no se logro dar con el paradero de los montos, menos aun se podrá conseguir recuperar los mismos con ellos en libertad, además del riesgo cierto de fuga a países vecinos ya que uno de los imputados cuentan con antecedentes de varias salidas del país.
Consideró además el juez que la causa se encuentra con requerimiento de elevación a juicio lo que acrecienta más las posibilidades sea de entorpecimiento o de fuga para evitar responder por el delito, que conforme ya se valoro por el tribunal de impugnación, el riesgo de fuga se manifesta en mayor dimensión a la par que el proceso avanza, y todavía más cuando existe la posibilidad de que en caso de corresponderles una pena esta fuera de ejecución efectivo en atención a que conforme el concurso de delitos la misma varia de entre 3 a 50 años.
La Fiscalía interviniente menciono que el perjuicio económico a las víctimas se acerca a los 189 millones de pesos y más de 2.372.000 de dólares, además de 2300 BUSD, una moneda fiduciaria digital.
Hasta el momento no se recuperó el dinero adquirido presuntamente por la actividad ilícita.
