Emilio Fayón favoreció a su esposa y cuñada causando una pérdida de $100 millones a la Municipalidad

La justicia le abrió otra causa a Emilio Fayón, el expresidente de la Panadería Social durante la gestión de la exintendente Bettina Romero. La fiscalía lo imputó ahora por administración fraudulenta en perjuicio de la Municipalidad de Salta causando un daño al erario público de más de 100 millones de pesos. 

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos a cargo de La fiscal Salinas Odorisio,  se produjo tras una denuncia realizada el 24 de mayo pasado por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, Matías Risso,  quien señaló serias irregularidades en la administración de la Sociedad del Estado Municipal «Pan Solidario». La auditoría, que se centró en el periodo de julio a diciembre de 2023, reveló presuntos sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.

De acuerdo a la investigación, la Panadería Social habría favorecido a ciertos comercios sin justificación, en particular a los negocios de la esposa y la cuñada de Fayón Medina, quienes habrían facturado a la Panadería Social sumas superiores a los $50 millones por la venta de fiambres y embutidos. Según se desprende del informe de los investigadores, resultó, “cuanto menos extraño, que un ente de las características de la Panadería Social, haya adquirido insumos en comercios de tan pequeña escala, sin historial en el rubro, sin una relación de provisión previa, y sin un procedimiento de selección que al menos promueva la eficiencia y la transparencia en el gasto”.

Por otra parte, la investigación reveló la presunta existencia de sobreprecios en la adquisición de insumos. En varias facturas, el precio de la margarina adquirida era hasta diez veces mayor que el precio de mercado. A modo de ejemplo, un proveedor facturó «Margarina Premium por 10 kg.» a $161.150, cuando el precio real rondaba los $16.560. La diferencia representó un daño patrimonial superior a los $3.300.000 sólo en este rubro.

Además, se detectaron inconsistencias en el uso de la materia prima comprada por la Panadería Social. Las cantidades de insumos adquiridos superaban significativamente las necesarias para la producción registrada, lo que sugiere un grave faltante de stock sin explicación aparente. Según los cálculos de la auditoría, estas irregularidades podrían haber causado un daño económico de alrededor de $100 millones.