Guillermo Raspa
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la remodelación de la Plaza 9 de Julio sumó un dato clave. En diálogo con Defrentesalta, el procurador municipal Matías Risso —quien radicó la denuncia que originó la causa— aseguró que se detectó un desvío de casi $120 millones, utilizado para terminar esa emblemática obra, pero justificado en los papeles como si se tratara de trabajos realizados en distintos barrios, que jamás se ejecutaron.
“Cuando asumimos el cargo, observamos en los expedientes que hubo sobre-certificación de obra”, explicó Risso. “Para terminar la Plaza 9 de Julio, contrataron obras en distintos lugares y en distintos barrios. Esas obras se certificaban como completadas, se daba el visto bueno y se pagaba. Pero en realidad, esa plata era usada para culminar la plaza. Eso, en sí, da cuenta o importaría un delito”.
La denuncia, presentada en 2023, fue acompañada con antecedentes, informes y testimonios del personal municipal. Hoy la investigación está en manos de la fiscal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien ya imputó a dos exfuncionarios de la gestión de Bettina Romero y a representantes de empresas privadas.
“Seguramente es algo que las personas imputadas tendrán que explicar ante la Justicia: ¿qué se hizo con el dinero y por qué se procedió de esta manera irregular, al menos irregular?”, sostuvo el procurador.
Risso también indicó que todavía se está determinando la magnitud total del desvío, pero confirmó que “en los expedientes que motivaron la imputación, se advirtió un desvío de casi $120 millones”.
