Guillermo Raspa
Un fallo judicial encendió la polémica en el ámbito jurídico salteño luego de que una magistrada intimara formalmente a un abogado por el uso incorrecto y sin control de textos generados con inteligencia artificial en un escrito presentado ante la Justicia.
La advertencia fue realizada por la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Joaquín V. González, Patricia Rahmer, al resolver un recurso de reposición con apelación en subsidio contra un decreto que había declarado desierto un recurso de apelación.
En su resolución, la magistrada recordó que, según el artículo 508 del Código Procesal Civil y Comercial, dentro del proceso sumarísimo la única resolución apelable es la sentencia definitiva, por lo que correspondía no conceder el recurso interpuesto. Sin embargo, lo más llamativo del fallo llegó al analizar el contenido del escrito presentado por el letrado.
La jueza advirtió que, “más allá de algunos importantes errores conceptuales, se detectaron errores en la normativa mencionada y en el contenido de la misma”, y fue más allá al señalar que existían “inconsistencias graves” que sugerían que el texto podría haber sido generado con uso de IA, o en su defecto, elaborado sin la debida y rigurosa supervisión profesional.
La resolución detalla que se identificaron referencias normativas incorrectas, atribuciones erróneas a artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y “errores graves” que comprometen la seriedad del escrito presentado en un proceso judicial.
Rahmer fue clara al remarcar que el uso de inteligencia artificial no está prohibido en la redacción de escritos judiciales y que incluso puede ser una herramienta valiosa. No obstante, subrayó que “de ningún modo puede ni debe sustituir la creación intelectual del profesional”, quien es el único responsable del contenido presentado ante la Justicia.
En un pasaje especialmente duro, la jueza advirtió que el uso de IA sin control puede generar las denominadas “alucinaciones”, es decir, contenidos inexistentes, lo que no solo perjudica a las partes involucradas y a la administración de justicia, sino que también constituye un quebrantamiento ético en el ejercicio de la profesión.
El fallo deja una señal clara y contundente: la inteligencia artificial puede ser una herramienta, pero su uso irresponsable en el ámbito judicial puede tener consecuencias serias.
