Guillermo Raspa
Este martes 2 de septiembre se autoconvocó la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, ante la falta de actividad durante más de un año.
La gran ausente fue su presidenta, la diputada salteña María Emilia Orozco, quien en vez de presidir la reunión se encontraba en el pueblo de Iruya, en plena campaña electoral. Incluso, en redes sociales se viralizó un video suyo charlando con un burrito al que bautizó “Ruperto”, en alusión al segundo nombre del gobernador Gustavo Sáenz.
En la reunión estuvieron presentes los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes fueron señalados por el gobierno por haber difundido los audios de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, que destaparon el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Las declaraciones de los diputados reflejaron su indignación:
Carolina Gaillard, vicepresidenta segunda de la comisión:
> “Esta comisión ha sido clausurada. Hoy estamos autoconvocándonos. Estamos padeciendo la censura.”
Christian Castillo, vicepresidente primero:
> “Hace un año que no se convoca formalmente a esta comisión. Nunca obtuvimos respuesta pese a los múltiples pedidos. Hoy la gravedad de la persecución judicial contra periodistas nos obliga a reunirnos.”
Castillo agregó además:
> “Cuando hubo represiones en las marchas de jubilados, donde periodistas fueron agredidos, pedimos reuniones. También lo hicimos cuando el propio Presidente atacaba públicamente a periodistas como Julia Mengolini. Presentamos proyectos y pedidos formales, pero nunca nos dejaron sesionar. Es un modus operandi para clausurar esta comisión.”
Con este escenario, la oposición dejó en evidencia la gravedad institucional que implica que la comisión que debería defender la libertad de expresión permanezca inactiva, mientras el gobierno nacional avanza contra la prensa y sus críticos.
