Corrupción en Villa Las Rosas: uno por uno, los nombres y las condenas

Tras más de dos meses de juicio, el Tribunal dictó sentencia en la causa por corrupción y venta de drogas dentro de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas. Diecisiete personas fueron condenadas a penas que van desde un año en suspenso hasta diez años y medio de prisión efectiva.

Policiales15/10/2025DefrentesaltaDefrentesalta

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Penal de villa Las Rosas.
Penal de villa Las Rosas.

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El Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, dictó condena en la megacausa por corrupción penitenciaria y narcotráfico en el penal de Villa Las Rosas, tras un extenso debate que se prolongó por más de dos meses.

Los fiscales del Ministerio Público Fiscal habían solicitado penas severas contra funcionarios penitenciarios, internos y familiares involucrados en la venta de estupefacientes dentro del establecimiento carcelario. Finalmente, las sentencias quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • Francisco Arturo Bisceglia: 10 años y 6 meses de prisión efectiva.
  • Sergio Faustino Moya: 10 años de prisión efectiva.
  • Manuel Méndez: 9 años y 6 meses de prisión efectiva (unificada con condena anterior).
  • María Inés Méndez: 9 años de prisión efectiva.
  • José Luis Alarcón: 8 años de prisión efectiva.
  • Héctor Gustavo Banega: 8 años de prisión efectiva.
  • Raúl Antonio Arjona: 7 años de prisión efectiva.
  • Luis Roberto Castaño: 6 años y 6 meses de prisión efectiva.
  • Marcos Matías Bucotich García: 6 años de prisión efectiva.
  • Ivana Marcela Gutiérrez: 6 años de prisión efectiva.
  • María Cristina Galindo: 6 años de prisión efectiva.
  • Nicole Judith Ana Luna: 6 años de prisión domiciliaria con consigna policial.
  • Marcelo Olguín Magno: 4 años y 6 meses de prisión efectiva.
  • Patricia Daiana del Rosario Flores: 4 años de prisión efectiva.
  • Rubén Antonio Guaymás: 5 años de prisión efectiva.
  • Baldomero Darío Córdoba: 2 años de prisión condicional.
  • Andrea Abigail Alba: 1 año de prisión condicional (unificada con otra causa).

El proceso judicial, que comenzó el 4 de agosto de 2025, expuso una compleja red de connivencia entre guardiacárceles y reclusos para la comercialización de drogas dentro del penal.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, quienes encabezaron la acusación.

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