Detuvieron a un hombre implicado en un caso de trata de personas

En el marco de la investigación de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal requerida por ese delito en contra de Braulio Armella Mamani, que tenía pedido de captura y fue detenido el 22 de septiembre pasado, en Buenos Aires. En la audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada la semana pasada, la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial, de la Unidad Fiscal Salta, solicitó también la prisión preventiva del acusado, que fue concedida por el magistrado.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, la detención del hombre se logró como resultado de tareas que llevaron adelante personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de la investigación penal que comenzó el 27 de febrero pasado. El acusado fue detenido en una terminal de transferencia de carga ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati. Los policías lo habían seguido desde que salió de su casa, en Villa Celina -partido de La Matanza-, lugar que luego fue allanado.

En la audiencia, la fiscal explicó que Armella Mamani era buscado desde abril pasado, cuando se dictó la orden de captura nacional e internacional en el marco de la causa abierta en febrero cuando personal de Gendarmería Nacional que se encontraba en el puesto de control El Naranjo, en Rosario de la Frontera, detuvo a Karla Yoselín Mamani Aguilar, su hijastra.

La detención se debió a que la mujer -que viajaba en un micro que había salido de la localidad de Aguas Blanca, no tenía DNI, aunque aseguró que era oriunda de Bolivia y que se dirigía a Buenos Aires. A ello le sumó que una joven de 17 años, que también viajaba en el mismo colectivo, indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas. Por otra parte, otras dos adolescentes, de 16 años, manifestaron lo mismo y explicaron que iban a Buenos Aires a visitar a sus familiares, aunque ninguna de ellas poseía la respectiva autorización de sus padres ni tampoco las tarjetas migratorias.

Posteriormente, y a raíz de la investigación dirigida por el área de Atención Inicial, en la que intervino la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se estableció que las tres adolescentes no eran familiares, sino que habían sido captadas en la ciudad boliviana de Potosí, donde trabajaban en la extracción de minerales. Las jóvenes se encontraban en un extremo estado de vulnerabilidad, pues vivían en condiciones precarias y alejadas de sus respectivas familias. Ese contexto fue aprovechado para captar a las víctimas, a quienes le ofrecieron trabajo en un taller textil ubicado en Villa Celina, donde debían cumplir más de 15 horas de trabajo por un sueldo semanal de 75 mil pesos.