El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Marta Liliana Snopek (presidenta), Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus dio inicio ayer al juicio que se le sigue a Marcos Jacobo Levín, ex propietario de la empresa "La Veloz del Norte"; a José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma; y Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta.

Levín llegó a juicio acusado por su presunta responsabilidad como instigador de los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas” en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa que fundó.

El empresario fue condenado a 12 años de prisión en 2016 -el fallo aun no está firme- por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, hermano de una de las víctimas y también trabajador de la firma.

Grueso, en tanto, está acusado como partícipe necesario de los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por el uso de violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.

Almirón, por su parte, está acusado como autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.

Según el requerimiento, los hechos fueron cometidos en el marco de los “procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán”, cuando efectivos de la exComisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.

Las detenciones se concretaron en la empresa, en los domicilios particulares, o bien se efectivizaron en la comisaría, adonde habían sido previamente citados. De acuerdo con la acusación, tuvieron como disparador una denuncia formalizada por Levín en la misma comisaría, donde funcionó en un centro de detención clandestino.

La fiscalía indicó que el empresario había acusado a sus empleados de participar en una supuesta defraudación a la firma, lo cual nunca quedó acreditado judicialmente. Durante los operativos de detención, intervino personal policial uniformado y de civil, y se utilizaron tanto vehículos policiales no identificados como rodados provistos por la misma empresa.

En la investigación se estableció que las detenciones ilegales surgieron de una lista provista por Levín, a través de Grueso, quien era su “mano derecha” en la empresa. Fue así como todos los trabajadores, en su mayoría integrantes de la Unión de Trabajadores del Automotor, terminaron en la Comisaría Cuarta, ubicada en calle Lerma 656, y luego en el penal de Villa Las Rosas.