Investigan a un Juez salteño por pedir supuestas coimas para otorgar arresto domiciliario a un preso

La Unidad Fiscal creada por Resolución de la Procuración General,  requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio oral y público de la causa en contra el juez Claudio Alejandro Parisi  a cargo de Garantías 2 de Orán y  su secretario, Maximiliano Germán Correa , en calidad de autor y partícipe necesario por el  delito de Cohecho Pasivo Agravado (Arts. 257, 45 y 46 del C.P.); en el marco de una causa en la que se los acusa de haber recibido dinero a cambio de otorgar arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, uno de los detenidos en la causa Abra Sol. 

Por otra parte, el imputado Roberto Ortega Serrano, abogado penalista,  deberá responder en el debate en calidad de autor por la comisión del delito de Cohecho Activo. 

Los Fiscales iniciaron su investigación por la denuncia presentada por las abogadas Sandra Domene y Josefina Ruiz. A partir de allí, se recolectaron evidencias entre las que se destaca la inspección ocular realizada en el teléfono celular, reconocidas por Juan Ignacio Ruiz (hermano del detenido) al prestar declaración testimonial, y por el propio Ortega Serrano. Allí surge un intercambio de mensajes entre el 4 y 5 de abril de 2023  en el que Ortega Serrano manifiesta que su defendido obtendría la detención domiciliaria, a cambio del pago de una suma de dinero en dólares, refiriéndose a éste último con la utilización de los términos “pasamanos” o “entradas”.

También quedo acreditado que el abogado Ortega  intento ocultar la recolección de indicios probatorios. Durante el allanamiento a su domicilio el 3 de octubre de 2023, arrojó su teléfono celular a la propiedad de un vecino. Esto fue corroborado por el testimonio de una persona a quién éste le pidió que buscara su celular bajo el pretexto de que se les había caído a sus albañiles. Además, Ortega dio de alta una nueva línea telefónica ese mismo día, según informes de las prestatarias.

El pedido de elevación a juicio solicitado por la Unidad Fiscal, quedó a cargo del juez de Garantías,  Raúl López, quien deberá resolver si corresponde o no, hacer lugar al pedido de los fiscales.