
Privilegios de casta: la diputada que usa pasajes del Estado para su hijo y el polémico "vuelo de contención" de Martín Grande
Defrentesalta






La indignación nacional se posó sobre Salta. La diputada Gabriela Flores, quien llegó a su banca bajo las banderas de la austeridad y el fin de los privilegios pregonados por La Libertad Avanza, reconoció sin vueltas que utiliza los pasajes aéreos que le provee el Estado para que su hijo pueda trasladarse a estudiar en la UBA.
Lo que para cualquier familia salteña representa un gasto inalcanzable, para la legisladora es un beneficio familiar costeado por los impuestos del pueblo.
La defensa que terminó en confesión


Pero el escándalo no terminó ahí. El periodista y exdiputado Martín Grande, referente del mismo espacio, salió a justificar lo injustificable. Afirmó que los pasajes son "parte del sueldo", una aseveración falaz al comparar el sueldo de un servidor público (diputado) con un ingreso privado. Lo que Grande olvida es que los legisladores son funcionarios públicos y, por lo tanto, sus ingresos y beneficios son abonados íntegramente con la plata que la gente paga a través de los impuestos.
Además en un sincericidio que desató el repudio en redes, Grande confesó que durante su mandato viajó "mil veces" con su esposa bajo la excusa de que necesitaba "contención" por pasar semanas en Buenos Aires, admitiendo así el uso de recursos para fines estrictamente familiares.
El vacío legal vs. la ética pública
El reglamento de la Cámara de Diputados es, por lo menos, ambiguo. Si bien los tramos nominados son intransferibles, los 10 pasajes innominados que reciben mensualmente no especifican restricciones de uso. Sin embargo, en un contexto donde el sueldo de un trabajador promedio no cubre la canasta básica y al quien necesita viajar por cuestiones sanitarias debe cumplir miles de pasos burocráticos; que un legislador use estos tramos para "contención familiar" o estudios privados de sus hijos es una burla a la ética.
​Los pasajes oficiales fueron creados para facilitar la tarea legislativa y el traslado de asesores, no para convertir al Estado en una agencia de viajes gratuita para el entorno íntimo de los políticos. Mientras el discurso habla de "motosierra", en la práctica, la casta sigue volando alto a costa del bolsillo de todos los salteños.


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