Defrentesalta
El Tribunal de Impugnación de Salta confirmó este martes la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, condenado por delitos cometidos en perjuicio del Estado.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del Tribunal de Impugnación, en una audiencia programada por la Oficina Judicial, y deja firme la condena dictada en instancias anteriores. La sanción implica la privación del derecho a ejercer cualquier cargo público, aun cuando provenga de elección popular; la pérdida del derecho electoral; la imposibilidad de acceder a empleos o comisiones públicas y la suspensión del goce de jubilaciones o pensiones, cuyos haberes solo podrán ser percibidos por familiares con derecho a pensión.
Además, se ratificó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, idéntica a la impuesta oportunamente al coimputado Sergio Armando, y se confirmó la inhabilitación accesoria, aplicada específicamente a Gonza por haber cometido los delitos en el ejercicio de su función como intendente.
Gonza fue condenado por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real. Los hechos probados en la causa demostraron el uso indebido de recursos del Estado, afectando directamente el patrimonio público.
El fallo adquiere especial impacto político porque el pasado 11 de diciembre Gonza había asumido como concejal, tras una votación dividida en el Concejo Deliberante. Con esta resolución del Tribunal de Impugnación, queda automáticamente impedido de ejercer ese cargo y cualquier otro dentro del Estado, cerrando toda posibilidad de continuidad institucional.
La confirmación de la inhabilitación perpetua marca un límite claro: quien defrauda a la administración pública no puede ocupar cargos ni volver a la política por la vía electoral, aun cuando intente refugiarse en una banca.
