Por direccionar contrataciones en el PAMI, llevan a juicio a dos funcionarios y a un contratista

El juez Santiago French, dictó este lunes el auto de elevación a juicio a los empleados de la Unidad de Gestión Local XII del PAMI, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel, y al empresario Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los dos primeros fueron acusados en calidad de coautores, mientras que el tercero, propietario de una empresa de servicios de logística digital, deberá responder como partícipe necesario.

La remisión a juicio fue solicitada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien inició la investigación del caso el 25 de octubre del 2021 a partir de una denuncia anónima que daba cuenta de posibles irregularidades en materia de contrataciones y licitaciones que se llevaban adelante en la Unidad de Gestión Local XII, dependiente del PAMI.

En particular, apuntó contra dos expedientes de contratación de servicios que presentarían falencias respecto al cumplimiento de requisitos y otros trámites. Fueron sindicados como responsables Palacios y Coronel, mientras que Villagrán Di Pietro aparecía favorecido en las maniobras.

Los servicios consistían en la asistencia en materia de audio, video y pantallas leed destinados a encuentros realizados en distintos centros de jubilados, con motivo de celebrarse los 50 años del PAMI.

Mediante esta modalidad, los imputados causaron un perjuicio económico al Estado Nacional de más de 3 millones de pesos. Al respecto, el fiscal resaltó la efervescencia exteriorizada por los acusados por las facturas que salían a nombre de Villagrán Di Pietro.

El fiscal afirmó que los dos funcionarios públicos no sólo obraron de “manera interesada” en favor del empresario, sino también que “realizaron varios trámites para que gane las contrataciones”.

Por cada contratación -agregó- el PAMI hacía pagos de sumas de 400 a 500 mil pesos. Ejemplificó que, en un diálogo captado en la investigación, Palacios y Coronel se mostraron contentos por las maniobras e incluso hablaron de salir a festejar por los “cheques que tenían para cobrar”.

Entre otros aspectos del caso, el fiscal -asistido por Ana Gómez Rincón- indicó que, de los expedientes examinados, surgen irregularidades evidentes, como el incumplimiento de requisitos de orden administrativo y la reiteración de presupuestos de dos empresas en calidad de oferentes, que luego se estableció que eran ficticias.

La fiscalía resaltó otro diálogo de Coronel con un amigo, a quien le contó que había estado “renegando” con Palacios porque pasó mal un presupuesto, para luego reconocer que “después de esas cosas hay cometa...van a quedar como diez lucas de cometa para cada uno…”.

En vista de estos elementos probatorios, y otros más obtenidos de las tareas de campo e inteligencia criminal, el fiscal dio por acreditada la participación de los tres acusados en los delitos imputados. En el caso de los dos empleados del PAMI sostuvo que su accionar quebró la imparcialidad de ese organismo en materia de contrataciones.