Juzgan por trata de personas a los líderes espirituales de un templo Umbanda

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Domingo Batule -presidente-, Gabriela Catalano y Abel Fleming, lleva adelante desde este jueves el juicio seguido a Jorge Juan Soria Villalba y su pareja María Ester Arroyo por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La acusación ,se encuentra agravado por el uso de intimidación y por la calidad de ministros religiosos de las personas imputadas, y concursa de forma real con lesiones leves. Tanto Soria Villalba como Arroyo llegaron acusado y acusada en calidad de coautor y coautora en ambos casos y en perjuicio de dos víctimas.

Asistido por la fiscala auxiliar Vanina Pedrana, Villalba se explayó sobre la teoría del caso que la fiscalía pretende probar durante el juicio, que fue compartida por el titular de la Defensoría Pública de Víctimas de esa provincia, Nicolás Escandar.

En su exposición, Villalba repasó los hechos investigados, los cuales tuvieron como epicentro el santuario que los acusados dirigían, ubicado en calle 16 de Septiembre 338, en Villa San Antonio, a pocas cuadras del casco céntrico de la capital provincial.

El fiscal general explicó que la pareja, cuyos integrantes se hacían llamar “Pae” y “Mae”, captaba a personas en estado de vulnerabilidad, que luego eran explotadas en su beneficio y para lo cual se valían de actividades religiosas dirigidas a venerar a San La Muerte, dentro del credo Umbanda y Kimbanda.

Según la fiscalía, esta modalidad era ejecutada por los acusados a partir de fuertes actos intimidatorios, siempre valiéndose del orden doctrinal del culto para infundir temor en sus víctimas, ya sea porque las “entidades” divinas que invocaban estaban molestas por su falta de devoción, o bien las utilizaban para augurar promesas de porvenir si eran fieles.

Desde la fiscalía se sostuvo que con esta estructura religiosa, la pareja acusada logró que dos mujeres, en busca de esas promesas, accedieran al ejercicio de la prostitución. Ello les permitió obtener ganancias, de las que se valían para su sustento personal. De acuerdo con la acusación, la pareja acusada llegó a apropiarse del vehículo de una de ellas y tenía proyectado comprar el inmueble del templo con el dinero que ellas proveyeran.

El fiscal explicó que la pareja, cuyos integrantes se hacían llamar “Pae” y “Mae”, captaba a personas en estado de vulnerabilidad, que luego eran explotadas en su beneficio y para lo cual se valían de actividades religiosas dirigidas a venerar a San La Muerte, dentro del credo Umbanda y Kimbanda.

El fiscal dijo que las personas acusadas no se conformaron con quebrar la voluntad de las víctimas, sino que las “exprimieron” al máximo, ya que se probó que no sólo ejercían un control de los servicios sexuales, sino también que las tenían bajo vigilancia constante y que incluso promovieron que una de las mujeres ejerza esa actividad en provincias vecinas y también en Bolivia.

“Se trata de un caso con una alta complejidad en materia de investigación, en la cual la víctima es primordial y se debe cuidar mucho su situación”, sostuvo el fiscal, quien aseguró haber reunido numerosos elementos de prueba, tarea en la que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).