Guillermo Raspa
En los últimos diez años, al menos once intendentes fueron imputados y tambien condenados por el delito de peculado, es decir enriquecimiento ilícito o corrupción, malversación de caudales públicos, entre otros.
Daniel Soto, exintendente de Iruya se sentó hace instantes en el banquillo de los acusados y escuchó su condena: Cuatro años de prisión por peculado (dos hechos).
La exintendenta de Isla de Cañas, Angelina Lucía Canchi, fue condenada en junio del año 2023, a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la administración pública. La sentencia fue impuesta por el juez Aldo Primucci, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán. La exintendente cumple prisión en Orán.
El exintendente de Campo Quijano Manuel Cornejo, después de patear la pelota para ganar tiempo judicial y conseguir la suspensión del juicio en su contra en cuatro oportunidades, finalmente, fue condenado a la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como responsable del delito de peculado (tres hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
El 12 de diciembre del año 2022 , el Tribunal de la Sala 1 condenó al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza, como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real.
Sin embargo tras la sentencia, el exjefe comunal cumple la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, y además se le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En el mismo juicio también fue condenado Sergio Armando, quien se desempeñara como secretario de Obras Públicas durante la gestión de Gonza, a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos).
En el norte de Salta, un exintendente se animó a robar los caños del gasoducto NOA NEA y el hecho fue un escándalo nacional. Se trata del exintendente de Aguaray: Enrique Prado, quien fue uno de los autores de un plan para robarse caños del Gasoducto NEA y luego los comercializó por montos superiores a 13 millones de dólares. Prado está condenado, y la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.
El exintendente de Angastaco, Eduardo Díaz, fue condenado mediante un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de peculado en calidad de autor.
El exintendente de Salvador Mazza Rubén Méndez está imputado por varios hechos de corrupción, entre ellos asociación ilícita, peculado (3 hechos), enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el caso de "Chicho" Mazzone, fue condenado el 17 de febrero de 2017 por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores.
Estos son algunos de los casos más relevantes de intendentes condenados por corrupción en Salta.
