Guillermo Raspa
El histórico dirigente salteño y actual senador nacional, Juan Carlos Romero, sorprendió al anunciar que no será candidato en las elecciones de octubre. La novedad, sin embargo, reavivó rumores que ya circulaban en los pasillos políticos: su posible designación en un cargo dentro del Poder Judicial.
Mientras tanto, su prontuario judicial continúa acumulando polvo en los tribunales salteños. Desde su salida de la gobernación y su llegada al Congreso, Romero arrastra múltiples causas penales que nunca avanzaron, amparadas bajo la protección de los fueros parlamentarios.
Entre los expedientes más resonantes se destacan los casos Ciénaga, Hangar, Mercado S.R.L., Dash, Cerámica Andina y Estancia El Carmen, todos con un patrón similar: el traspaso de bienes del Estado al patrimonio familiar del senador, o el supuesto direccionamiento de beneficios económicos a empresas de su círculo íntimo.
Las denuncias están documentadas, los expedientes abiertos, pero la inacción judicial ha sido una constante. Pese a la gravedad de los hechos investigados, ninguna de las causas tuvo un avance concreto en más de una década.
El contraste es evidente: mientras Romero exigía respeto por la Justicia en causas de otros referentes políticos, en Salta la suya parece hacer la vista gorda con sus propios poderosos. ¿Se trata de una Justicia selectiva? ¿O de una política que protege a los suyos?
Su posible desembarco en el Poder Judicial no hace más que alimentar las sospechas: ¿estamos frente a una retirada estratégica? ¿Una jugada final para blindar su legado y sepultar toda rendición de cuentas?
