Guillermo Raspa
En una entrevista publicada este jueves en El Tribuno, medio de su propiedad, el senador nacional Juan Carlos Romero se refirió a la reciente condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. "No hay que cuestionar a la Justicia cuando el fallo no nos gusta", sostuvo Romero, en un mensaje claro hacia quienes respaldan políticamente a la exmandataria.
Sin embargo, esa defensa del accionar judicial contrasta fuertemente con su situación personal. Desde su salida de la gobernación de Salta y refugiado en sus fueros parlamentarios, el senador Romero arrastra una serie de causas penales que permanecen inmóviles en la Justicia salteña.
Entre las más resonantes se encuentran las investigaciones por los casos de La Ciénaga, el Hangar, Mercado S.R.L., Dash, Cerámica Andina y Estancia El Carmen, entre otros. En todas ellas se investiga el traspaso de tierras del Estado provincial al patrimonio familiar del senador, así como el presunto otorgamiento de beneficios económicos a empresas ligadas a su entorno íntimo.
Las denuncias están documentadas, los expedientes abiertos, pero los años pasan sin que haya avances judiciales sustanciales. El denominador común: el amparo de los fueros parlamentarios que Romero conserva como senador nacional.
Mientras el senador exige respeto y acatamiento hacia los fallos judiciales —como en el caso de la condena a Cristina Kirchner—, la Justicia salteña parece mirar para otro lado con sus propios expedientes. ¿Se trata de una justicia selectiva? ¿O de una política que protege a los suyos?
El contraste es evidente y alimenta una pregunta incómoda: ¿Es impunidad judicial o complicidad política?
