Guillermo Raspa
La historia reciente parece jugarle una mala pasada a la gestión municipal de Bettina Romero. Mientras hoy la Justicia investiga presuntas maniobras fraudulentas en el pago de obras públicas —puntualmente la puesta en valor de la Plaza 9 de Julio—, hace menos de dos años, los propios funcionarios de la exintendenta aseguraban con firmeza que todo era transparente.
El 5 de julio de 2023, la entonces secretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, salió al cruce de las críticas por el ritmo de las obras en la plaza principal de Salta. En diálogo con la prensa, Angulo defendió la intervención urbana —que demandó una inversión de 400 millones de pesos— y aseguró que "no había ni sobreprecios ni irregularidades". Subrayó que todo estaba en regla: publicado en el Boletín Oficial y auditado por el Tribunal de Cuentas.
Casi dos años después, los expedientes cuentan otra historia. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio imputó a exfuncionarios municipales, entre ellos al exsubsecretario de Obras Públicas, Luis Racciopi, y al exsecretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, por falsedad ideológica y fraude a la administración pública. La acusación es clara: habrían avalado certificaciones de avance de obra que no se correspondían con la ejecución real, generando un perjuicio económico para el municipio.
La causa, que surgió tras una denuncia del propio Procurador General municipal en el cierre del 2023, revela un posible modus operandi que involucró a inspectores de obra, empresarios y funcionarios: falsear certificados para justificar pagos millonarios.
El contraste entre lo que se decía desde el Ejecutivo municipal y lo que hoy investiga la Justicia no hace más que alimentar una desconfianza instalada en la ciudadanía. Aquellos que aseguraban transparencia, hoy deberán dar explicaciones a la justicia.
En tiempos donde el discurso público exige coherencia, la hemeroteca —y ahora también los expedientes judiciales— parecen no perdonar.
