La víctima fue un abogado de nacionalidad boliviana militante de izquierda, que había huido de su país y estaba refugiado en Salta, donde finalmente fue asesinado en octubre de 1975.
Policiales 06/12/2022
Defrentesalta
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó ayer a prisión perpetua al exinspector de la Policía Federal Juan Carlos Alzugaray, quien fue declarado coautor material del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con homicidio calificado por alevosía y el concurso de dos o más personas, en perjuicio del abogado de nacionalidad boliviana Gustavo Manuel Medina Ortiz.
La sentencia coincidió en todos sus términos con el pedido realizado en los alegatos por el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, ambos asistidos por Barbaba Chunco, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal.
En su veredicto, la jueza Gabriela Catalano (presidenta) y los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz determinaron que los delitos son crímenes de lesa humanidad y que, en este caso, fueron cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del abogado Gastón Casabella, había alegado en el mismo sentido que la fiscalía. Explicó cómo se produjo la detención y la desaparición de Medina Ortiz, hecho ocurrido el 10 de octubre de 1975 en la casa que ocupaba en calle Mendoza al 1.511, en el macrocentro de esta ciudad.
La fiscalía consideró acreditado que Medina Ortiz fue secuestrado de su domicilio por efectivos que estuvieron al mando de Alzugaray, entre quienes había agentes de fuerzas bolivianas. “Se lo llevaron y desde esa noche el abogado se encuentra en calidad de detenido desaparecido”, sostuvo el fiscal general.
Al margen de otros numerosos casos de lesa humanidad tratados en esta jurisdicción, la fiscalía destacó este hecho, ya que se trató de un denominado “objetivo” del plan sistemático de represión ilegal que se aplicó a la población civil, en este caso de alcance trasnacional, implementado en la década de 1970, con radio probado de acción en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
El hecho ocurrió a fines del mes de enero en barrio Tabacalero. La medida fue solicitada por la Fiscalía y finalmente otorgada por el Juzgado de Garantías.
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